Víctimas Del Ejército Presionan Por La Expulsión De Ex Líderes Militares Del Tribunal De Paz Colombiano | Internacional •

Víctimas del Ejército presionan por la expulsión de ex líderes militares del tribunal de paz colombiano | Internacional

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El exjefe del Ejército de Colombia Mario Montoya en un archivo fotográfico
El exjefe del Ejército de Colombia Mario Montoya en un archivo fotográfico

La verdad sobre el papel de los militares en el conflicto armado en Colombia ha levantado grandes expectativas y también polémica luego de la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que la Corte creó en los acuerdos de paz entre el Estado y la guerrilla desaparecida de las FARC. Más de 1.950 miembros de la función pública, entre militares y generales, como el excomandante del Ejército Mario Montoya, se han presentado ante la Corte, que les otorga beneficios legales como la libertad condicional si brindan información que ayude a esclarecer delitos. .

Sin embargo, las víctimas y las organizaciones que las representan denuncian que estos altos mandos no cumplen con el “decir la verdad” sobre las ejecuciones de civiles en manos del Ejército, las cuales fueron denominadas falsos positivos. Y ahora han pasado de la queja a la solicitud formal de que varios de al menos tres altos funcionarios están perdiendo los beneficios que tienen por aceptar la KEP o ser expulsados ​​directamente de la Corte de Paz.

Una de las demandas es contra Montoya, quien ha sido denunciado por víctimas y algunos uniformados en hechos relacionados con el caso macroeconómico 03 – “muertes presentadas ilegalmente como víctimas militantes por agentes estatales” -. Montoya fue comandante del ejército entre 2006 y 2008, exactamente los años en los que hubo más ejecuciones de civiles de lo que la Fiscalía estimó en más de 2.248 casos en todo el país.

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Durante una audiencia voluntaria en febrero pasado, el exjefe del Ejército se abstuvo de responder preguntas de los jueces y desató la indignación entre los familiares de las víctimas cuando se les preguntó cómo evitar este tipo de delitos, diciendo que “no era fácil” porque El ejército estaba entrando a los jóvenes “abajo, los de la capa uno, las capas dos, tres y cuatro no están” y que era necesario enseñarles temas básicos como “uso del baño y cubiertos”. Sus palabras se interpretaron como una estrategia para señalar que las ejecuciones extrajudiciales fueron obra de soldados rebeldes, “manzanas podridas” o casos aislados y no un acto que involucre la cadena de mando.

El informe de víctimas, de 48 páginas, asegura que la sistemática de estos hechos ya ha sido demostrada en la justicia ordinaria y que Montoya, evitando “decir la verdad, negar su conocimiento de los hechos, pretender mostrarse ignora las muertes ilícitas denunciadas en combate por agentes estatales “se burla de las víctimas y entorpece el trabajo de la KEP”. A la fecha se han dictado más de un centenar de condenas por delitos cometidos durante el gobierno de Mario Montoya, donde “Se han confirmado los estándares de ejecución”, dice un documento firmado por Jaqueline Castaño, cuyo hermano fue identificado como verdugo extrajudicial en Soacha, en las afueras de Bogotá.

Pero no solo las acciones se presentan en el KEP. Los abogados de las víctimas han presentado una demanda de amparo contra la Fiscalía General adscrita a la Corte Suprema para investigar un caso en el que el exjefe del Ejército está imputado desde 2016. “El general retirado Montoya por el asesinato de Juan Diego Montoya, un joven que fue presentado como muerto en combate, sino que la violación de estos derechos es reconocida por la actuación del Fiscal General ante la CSJ”, explicó. . Porque el general se sometió a la KEP y aunque no impide la continuación de la investigación ordinaria, la Fiscalía no lo priva de su libertad. “En la práctica, esto significa que personajes como Montoya se benefician de permanecer en la KEP y son libres, aunque no contribuyan realmente a las víctimas”, agregó.

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Otros casos

El del exjefe del ejército no es el único caso de este tipo. Las víctimas también denunciaron un “incidente de incumplimiento” contra el Coronel Publio Hernán Mejía y el Sargento Efraín Andrade, ex Comandante y Jefe de Inteligencia del Batallón La Popa, respectivamente. Mejía fue condenado a 19 años de prisión y enviado a la JEP, donde se encuentra en libertad condicional.

Pese a contar con seis procesos judiciales por “homicidio de una persona protegida”, el coronel Mejía participó en un foro de candidatos presidenciales del Centro Democrático, en un partido del actual presidente Iván Duque, y a través de sus redes sociales ha realizado declaraciones que se consideran atentados. Recientemente mantuvo un debate público con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, otro órgano creado tras el acuerdo de paz, y el presidente de la comisión, Francisco de Roux, canceló un banquete al que había sido invitado el coronel Mejía. la Comisión ha recibido grupos de víctimas en estos casos. “En estas circunstancias, la Comisión, por decencia con las víctimas y no reexpresarlas, no puede brindar una plataforma en la que el coronel haga pública su propia conducta, que ya ha legitimado en otros arreglos”.

Tanto el coronel como el sargento son mencionados en el informe “Y volveremos a Cantar” que documenta 164 casos que involucran a 303 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el Caribe colombiano, en los cuales ambos tendrán conocimiento o algún grado de participación. Sin embargo, según los abogados del comité colectivo José Alvear Restrepo y del comité de presos políticos, ambos evitaron hablar sobre las muertes ilegales y la relación del batallón con los paramilitares.

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La respuesta a estas solicitudes está ahora en manos de la Cámara de Reconocimiento de la KEP, pero su proceso no es sencillo y se debe demostrar que el ejército miente o actúa para repetir los delitos. mientras esto sucede, estos altos funcionarios podrán mantener sus beneficios legales ante la ira de las familias de las víctimas.

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